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“Existen indicios que permiten apreciar la existencia de un posible delito de terrorismo” en la agresión sufrida por dos agentes de la Guardia Civil, el pasado 15 de octubre, en la localidad de Alsasua (Navarra). Así lo considera la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha remitido un informe a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, para que declare la investigación de los hechos competencia de este tribunal [lea el escrito en PDF].

El representante del Ministerio Fiscal firmante del citado informe, José Perals, alega que los hechos que denunció el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) están “enmarcados dentro de la campaña de hostigamiento que sufren los agentes en determinadas localidades del País Vasco y Navarra“. En este sentido, considera que esa campaña existe, “concretamente”, en la localidad de Alsasua.

Dicho esto, el fiscal informó a la juez Lamela de que “se trata de graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, incidiendo en que los presuntos responsables los realizaron “con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas”. El fiscal no pasó por alto advertir de que los sucesos generaron “una grave alteración para la paz pública”.

El informe remitido por la Fiscalía al juzgado recuerda cuál era una de las exigencias históricas que puso la organización terrorista ETA para abandonar la actividad armada. En concreto, “la expulsión de Euskadi de la Guardia Civil“. En este sentido, el fiscal advirtió de que esta “exigencia” ha existido desde los años 70, en el marco de la llamada Alternativas KAS, programa previo al nacimiento de Herri Batasuna; así como en los años 90, con la llamada Alternativa Democrática, donde “también se recogía esta exigencia”; y fue “uno de los ejes de actuación de la izquierda abertzale“, apuntando a los partidos políticos que fueron ilegalizados: Herri Batasuna, Batasuna y Askatasuna.

Tomando como referencia sentencias del Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal alega que el Alto Tribunal incluye en la definición de terrorismo los “delitos ligados a la actividad terrorista”, concretando que la diferencia entre estos delitos y los delitos comunes está “en la motivación que mueve al delincuente”. En este sentido, la Fiscalía recuerda que si el delito se comete para “intimidar gravemente a una población”, como es el caso de los hechos de Alsasua, es considerado un delito de terrorismo.

Tras esgrimir estos argumentos, el fiscal concluyó que los hechos “pudieran estar encuadrados en el delito de terrorismo” y requirió al Juzgado de Instrucción de Pamplona que lleva el caso que remita a la Audiencia Nacional el testimonio íntegro de las diligencias practicadas en la noche de los hechos. Es más, pidió a la Guardia Civil, “con carácter urgente”, un informe sobre “la campaña de acoso que sus agentes sufren en la Comunidad Foral de Navarra“, y ordenó a la Policía Foral de Navarra que remita, “en el plazo más breve posible”, las actuaciones practicadas en relación a los sucesos del pasado 15 de octubre.

Fuentes judiciales conocedoras de esta operación advirtieron a este diario de que la juez Lamela se pronunciará en relación al caso en no más de tres días, para comunicar si considera o no de su competencia investigar los hechos.

FUENTE: El Mundo

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